Al sur de la ciudad de Alta Gracia, en el departamento Santa María, provincia de Córdoba, se agrupan varias localidades a ambos márgenes del río Anisacate, teniendo a la ruta Nº5 como interconector.

Esta cadena de localidades comienza con Anisacate, la comuna más grande de la provincia de Córdoba, ubicada a 40 kilómetros de la capital provincial y 7 kilómetros al sur de la ciudad de Alta Gracia, cabecera departamental, que constituye su límite norte, siguiendo la ruta provincial número 5.

Integra el corredor de los Grandes Lagos o de los Comechingones, formando parte del Área Turística Paravachasca.

La zona urbana se distribuye en una vasta extensión territorial, calculada en unos 55 Km2; emplazada entre dos ejes estructurales de la región: la ruta provincial número 5 y el río Anisacate, formado por los ríos San José y La Suela; que conjuntamente integran la cuenca del río Xanaes o Segundo, desembocando en la laguna de Ansenuza.

Este curso de agua, que corre de oeste a este, es el recurso natural más importante del valle denominado Paravachasca y actúa como distribuidor de accesos a los diferentes servicios, entre ellos, el de educación.

Su área no constituye un núcleo homogéneo, sino que se trata más bien de varios parajes, identificados con el nombre de los loteos de tierra y se despliegan a lo largo de la ruta provincial, dando nombres de las paradas del colectivo. Entre estos parajes, a menudo separados por varios kilómetros, se perciben notables diferencias poblacionales.

Posee una población estable de 2500 habitantes, según el censo del año 2001, cantidad que se duplica en el período estival, debido a la afluencia de veraneantes que poseen sus viviendas de fin de semana en la zona, con un flujo importante en excursionistas y en uso recreativo del lugar.

El marcado crecimiento vegetativo, calculado en el 9,4 % y la creciente inmigración interna que se dieron en el último lustro, produjeron un incremento notable de la población estable, haciendo que la demanda de servicios sea mayor que la oferta instalada.

Anisacate no permaneció ajena a los importantes cambios de este mundo globalizado,

donde rige una economía de mercado irrestricto, que ha generado un escenario social conflictivo, con la ampliación de la brecha entre ricos y pobres y la marcada desocupación como sus características más llamativas.

Conviven en el mismo espacio social, verde y pleno de naturaleza, familias con una situación socio- económica estable, junto a otras que ven cómo desaparecen sus empleos y su modo de vida se deteriora a pasos agigantados; el último sector, tiene a la desocupación, la subocupación y el trabajo en negro como co-protagonistas de su existencia y asisten azorados al derrumbamiento de la clase media que los contenía, la pérdida de su capacidad para satisfacer las necesidades básicas y de la garantía del acceso a los servicios que implica el empleo fijo y en blanco.[1]

Esta realidad incrementó notablemente la demanda en educación, salud, guarderías, nutrición, planes de trabajo, etc. impactando negativamente en la gestión comunal, que con los mismos recursos de coparticipación y una recaudación impositiva en crisis, tiene que asistir a una población que ve colapsada su forma de vida, con las consabidas consecuencias socio-económicas que indudablemente se reflejan en el rendimiento escolar de los alumnos de la zona (deserción, desgranamiento, repetición, numerosas materias adeudadas, etc). La comuna se ve sobrepasada y muchas veces no puede dar respuestas a estos crecientes requerimientos sociales.

Corriendo el riesgo de que por estas dificultades: el corrimiento de sus funciones educativas de algunos de los actores del proceso educativo, la disminución y/o pérdida de la autoestima y la influencia de las situaciones familiares en el contexto educativo se aumente drásticamente el número de excluidos en el sistema de educación formal.De esta manera, este segmento poblacional, que va quedando paulatinamente excluido del circuito formal de educación, corre el riesgo de un marcado deterioro de su calidad de vida, si no existe una verdadera política de compensación de las diferencias e incentivo de la educación, que garantice el acceso de todos los estratos sociales y grupos poblacionales; atendiendo a la diversidad, otorgando verdaderas posibilidades de integración a todas las personas, incluyendo los grupos menos pudientes.